Para mantenerse en alguna universidad pública, en algunos
estados es requisito pagar anualmente desde setecientos pesos o hasta más
dependiendo de la Facultad a la que te inscribas, y también se paga por dos o
hasta cuatro transportes en total al día para ir y venir de la escuela, además
de pagar el costo de los materiales de estudio que regularmente se necesitan.
Todo ello es insostenible para una gran cantidad de personas que busquen
ingresar a la universidad, pues incluso los que desean estudiar y realizar
labores para sostener sus estudios, tendrían que dejar su empleo para asistir a
los horarios de escuela, y la becas dirigidas a estudiantes también muchas
veces piden como requisito que el estudiante no trabaje, lo cual de nuevo
complica la opción de estudiar y trabajar al mismo tiempo.
Vemos que desde tal caso se contradice el concepto de educación pública,
pues gran parte de la población no podrá participar en ella, pues dentro de una
lógica de orden jerárquico, muchos carecen de los requerimientos económicos
para acceder a ese derecho a la educación que cada vez parece más un
privilegio. Sin embargo, al seguir siendo universidad pública, continúa
recibiendo recursos federales y estatales, no en miles, sino en millones de
pesos que vienen del pago de impuestos de la ciudadanía.
Si hay millones en recursos federales y estatales ¿por qué existen las
cuotas de inscripción en buena parte de los estados mexicanos? Mucho se
justificará en lo que se emplea en las aulas: pizarrones, sillas, mesas,
computadoras, libros y demás, pero la inversión más constante siempre es
destinada a salarios que también se distribuyen por jerarquías.
En los edificios administrativos de las universidades públicas es donde se
cobran los primeros y más altos salarios. Un rector de universidad cobra
mensualmente cerca de ochenta mil pesos, sin contar los viáticos, y también
están los salarios mensuales que reciben cada uno de los encargados de las secciones
administrativas, salarios que oscilan entre los cuarenta y cincuenta mil pesos
mensuales, dependiendo de la posición jerárquica que ocupen.
Dicen recibir esas cantidades debido a la “responsabilidad” de su cargo,
mas sin embargo, las responsabilidades dentro de una institución siempre son
distribuidas en distintas áreas, por lo cual el peso no recae más sobre unos
que sobre otros, y en sí, todas las áreas tienen responsabilidades importantes
que cumplir.
Si vamos hacia cada carrera, facultad o licenciatura, los directores
también reciben un salario que llega a treinta mil pesos mensuales, los
maestros un poco menos, pero cabe señalar que sus salarios varían dependiendo
de en cuál carrera trabajen. De tal forma, la universidad pública que abrió sus
puertas para que la población accediera al conocimiento, se encuentra dirigida
con más afán de ser partícipe en dar continuidad a jerarquías que mantienen la
desigualdad, y así lograr que socialmente se acepte dicho rumbo como si fuera
ley suprema, siendo esto lo representativo de su repercusión social.
Aunque sea complejo cambiar que la educación se distribuya por grados,
momentos y niveles, ello no significa que el saber sea motivo para subsidiar
privilegios en jerarquías, porque los recursos asignados a la educación pública
son para posibilitar el aprendizaje y la enseñanza, lejos de exclusiones que
interrumpen la voluntad de compartir el saber.
Para la mayoría de la gente, la repercusión social nunca será recibir las
sumas millonarias de la alta jerarquía científica, partidista o institucional,
quienes cuando hablan de repercusión social, no dicen que ésta consiste también
en la distribución económica tan conveniente que se reparten dentro de las
instituciones públicas, todo un beneficio que tanto los más honestos
científicos como los más corruptos partidistas (o viceversa), muy difícilmente
decidirán cambiarlo.
Todos quienes pagamos impuestos somos parte de esta distribución insensata,
pero se mantiene silencio y casi nada de
oposición a este repartimiento jerárquico de recursos públicos, dando continuidad
y respeto a todo lo que representa. Cuando le preguntas a alguien sobre el por
qué de esta distribución, pueden decir que “todos los que están ahí metidos son
rapiñas”, “ellos son los que manejan el dinero”, pero el más extraño
razonamiento me parece: “porque ellos ya estudiaron más”.
Una persona de intendencia en la universidad fue quien me respondió “ellos ya estudiaron más”. Es porque se piensa, según la educación, que al tener
él menos estudios y el otro tener más, entonces él ciertamente merece cobrar
menos, y al mismo tiempo, un rector o director, debe cobrar más. Nada más falso
que esta historia muy clara y aceptada donde el saber es para enriquecerse, o
la ciencia para mantener y obtener beneficios en jerarquía.
Las instituciones en todo momento continúan avalando estas falsedades y
desigualdades, siendo su argumento “el nivel de estudios” o el “cargo” cuando
en realidad se encuentran avalando y protegiendo su posición jerárquica. No hallo
tanta diferencia entre este caso educativo con aquellas instancias de objetivos
distintos al saber, y en sí, el observar cotidianamente que la desigualdad
también está al interior de los muros del saber, repercute mucho más en la
asimilación de la jerarquía que la jerarquía reproducida en otras
instituciones.
Para este caso de la administración de los recursos públicos, quienes pagan
impuestos tienen la palabra decisiva, entre si los jerarcas siguen cobrando
según su ciencia, o si entran en juego criterios más amplios y equitativos
sobre la administración de recursos: serán destinados para el beneficio de los
“altos” cargos públicos o para el beneficio equitativo de la sociedad.
R. Camilo Solís Pacheco
diciembre 2016
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