viernes, 30 de diciembre de 2016

Jerarquía en la educación pública



Para mantenerse en alguna universidad pública, en algunos estados es requisito pagar anualmente desde setecientos pesos o hasta más dependiendo de la Facultad a la que te inscribas, y también se paga por dos o hasta cuatro transportes en total al día para ir y venir de la escuela, además de pagar el costo de los materiales de estudio que regularmente se necesitan.

Todo ello es insostenible para una gran cantidad de personas que busquen ingresar a la universidad, pues incluso los que desean estudiar y realizar labores para sostener sus estudios, tendrían que dejar su empleo para asistir a los horarios de escuela, y la becas dirigidas a estudiantes también muchas veces piden como requisito que el estudiante no trabaje, lo cual de nuevo complica la opción de estudiar y trabajar al mismo tiempo. 

Vemos que desde tal caso se contradice el concepto de educación pública, pues gran parte de la población no podrá participar en ella, pues dentro de una lógica de orden jerárquico, muchos carecen de los requerimientos económicos para acceder a ese derecho a la educación que cada vez parece más un privilegio. Sin embargo, al seguir siendo universidad pública, continúa recibiendo recursos federales y estatales, no en miles, sino en millones de pesos que vienen del pago de impuestos de la ciudadanía.

Si hay millones en recursos federales y estatales ¿por qué existen las cuotas de inscripción en buena parte de los estados mexicanos? Mucho se justificará en lo que se emplea en las aulas: pizarrones, sillas, mesas, computadoras, libros y demás, pero la inversión más constante siempre es destinada a salarios que también se distribuyen por jerarquías.



En los edificios administrativos de las universidades públicas es donde se cobran los primeros y más altos salarios. Un rector de universidad cobra mensualmente cerca de ochenta mil pesos, sin contar los viáticos, y también están los salarios mensuales que reciben cada uno de los encargados de las secciones administrativas, salarios que oscilan entre los cuarenta y cincuenta mil pesos mensuales, dependiendo de la posición jerárquica que ocupen. 

Dicen recibir esas cantidades debido a la “responsabilidad” de su cargo, mas sin embargo, las responsabilidades dentro de una institución siempre son distribuidas en distintas áreas, por lo cual el peso no recae más sobre unos que sobre otros, y en sí, todas las áreas tienen responsabilidades importantes que cumplir.

Si vamos hacia cada carrera, facultad o licenciatura, los directores también reciben un salario que llega a treinta mil pesos mensuales, los maestros un poco menos, pero cabe señalar que sus salarios varían dependiendo de en cuál carrera trabajen. De tal forma, la universidad pública que abrió sus puertas para que la población accediera al conocimiento, se encuentra dirigida con más afán de ser partícipe en dar continuidad a jerarquías que mantienen la desigualdad, y así lograr que socialmente se acepte dicho rumbo como si fuera ley suprema, siendo esto lo representativo de su repercusión social. 

Aunque sea complejo cambiar que la educación se distribuya por grados, momentos y niveles, ello no significa que el saber sea motivo para subsidiar privilegios en jerarquías, porque los recursos asignados a la educación pública son para posibilitar el aprendizaje y la enseñanza, lejos de exclusiones que interrumpen la voluntad de compartir el saber.

Para la mayoría de la gente, la repercusión social nunca será recibir las sumas millonarias de la alta jerarquía científica, partidista o institucional, quienes cuando hablan de repercusión social, no dicen que ésta consiste también en la distribución económica tan conveniente que se reparten dentro de las instituciones públicas, todo un beneficio que tanto los más honestos científicos como los más corruptos partidistas (o viceversa), muy difícilmente decidirán cambiarlo.

Todos quienes pagamos impuestos somos parte de esta distribución insensata, pero se  mantiene silencio y casi nada de oposición a este repartimiento jerárquico de recursos públicos, dando continuidad y respeto a todo lo que representa. Cuando le preguntas a alguien sobre el por qué de esta distribución, pueden decir que “todos los que están ahí metidos son rapiñas”, “ellos son los que manejan el dinero”, pero el más extraño razonamiento me parece: “porque ellos ya estudiaron más”.

Una persona de intendencia en la universidad fue quien me respondió “ellos ya estudiaron más”. Es porque se piensa, según la educación, que al tener él menos estudios y el otro tener más, entonces él ciertamente merece cobrar menos, y al mismo tiempo, un rector o director, debe cobrar más. Nada más falso que esta historia muy clara y aceptada donde el saber es para enriquecerse, o la ciencia para mantener y obtener beneficios en jerarquía.

Las instituciones en todo momento continúan avalando estas falsedades y desigualdades, siendo su argumento “el nivel de estudios” o el “cargo” cuando en realidad se encuentran avalando y protegiendo su posición jerárquica. No hallo tanta diferencia entre este caso educativo con aquellas instancias de objetivos distintos al saber, y en sí, el observar cotidianamente que la desigualdad también está al interior de los muros del saber, repercute mucho más en la asimilación de la jerarquía que la jerarquía reproducida en otras instituciones.


Para este caso de la administración de los recursos públicos, quienes pagan impuestos tienen la palabra decisiva, entre si los jerarcas siguen cobrando según su ciencia, o si entran en juego criterios más amplios y equitativos sobre la administración de recursos: serán destinados para el beneficio de los “altos” cargos públicos o para el beneficio equitativo de la sociedad.


R. Camilo Solís Pacheco

diciembre 2016

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